Durante la colonia los súbditos tenían que pedir permiso al rey para importar, exportar, abrir un negocio, vender libros, migrar. El rey, por medio del burocrático Consejo de Indias, lo concedía o negaba, según sus intereses; por ejemplo, negando la circulación de libros que contenían ideas antimonárquicas, o la comercialización de productos que eran monopolio estatal.
Doscientos años después, los súbditos aún debemos pedir permiso al gobierno para algo tan sencillo como traer celulares para vender, permiso que será probablemente negado, según los intereses de la "autoridad" (debería ser "servidor público").
Estas medidas que limitan la libertad económica de los ciudadanos, son perjudiciales pues atentan contra un derecho humano básico: el de ganarse la vida; derecho primordial que permite el goce de otros como la vida, salud, educación, etc.
Qué lástima que en el país sea más fácil ser una carga para los demás, recibiendo un subsidio, que ganarse la vida productivamente.
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Rara vez se escucha a los defensores de los DD.HH. mencionar el derecho a ganarse la vida, a no ser una carga para los demás. ¡Y es tan importante! Ese derecho es condición para el goce de tantos otros: la misma vida, alimentación, educación, etc. No puede haber verdadera libertad, si para comer dependo de la beneficencia pública.
Por lo tanto, la libertad económica debería ser el primer derecho defendido.
Generalmente los gobiernos limitan las importaciones por el desequilibrio de la balanza de pagos. Aparte que eso de “equilibrar la balanza comercial” es una falacia (por ejemplo, mi “balanza comercial” personal está totalmente desequilibrada: le compro todo al supermercado, y yo nunca le vendo nada), ésa es la solución fácil para el gobierno, cuando lo que debería hacer es limitar el gasto público innecesario y evitar entorpecer la actividad económica.