El derecho humano esencial a ganarse la vida

Durante la colonia los súbditos tenían que pedir permiso al rey para importar, exportar, abrir un negocio, vender libros, migrar. El rey, por medio del burocrático Consejo de Indias, lo concedía o negaba, según sus intereses; por ejemplo, negando la circulación de libros que contenían ideas antimonárquicas, o la comercialización de productos que eran monopolio estatal.

Doscientos años después, los súbditos aún debemos pedir permiso al gobierno para algo tan sencillo como traer celulares para vender, permiso que será probablemente negado, según los intereses de la "autoridad" (debería ser "servidor público").

Estas medidas que limitan la libertad económica de los ciudadanos, son perjudiciales pues atentan contra un derecho humano básico: el de ganarse la vida; derecho primordial que permite el goce de otros como la vida, salud, educación, etc.

Qué lástima que en el país sea más fácil ser una carga para los demás, recibiendo un subsidio, que ganarse la vida productivamente.

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Rara vez se escucha a los defensores de los DD.HH. mencionar el derecho a ganarse la vida, a no ser una carga para los demás. ¡Y es tan importante! Ese derecho es condición para el goce de tantos otros: la misma vida, alimentación, educación, etc. No puede haber verdadera libertad, si para comer dependo de la beneficencia pública.

Por lo tanto, la libertad económica debería ser el primer derecho defendido.

Generalmente los gobiernos limitan las importaciones por el desequilibrio de la balanza de pagos. Aparte que eso de “equilibrar la balanza comercial” es una falacia (por ejemplo, mi “balanza comercial” personal está totalmente desequilibrada: le compro todo al supermercado, y yo nunca le vendo nada), ésa es la solución fácil para el gobierno, cuando lo que debería hacer es limitar el gasto público innecesario y evitar entorpecer la actividad económica.

Salvataje bananero, como el bancario

El gobierno, con razón, ha sido uno de los más vocales críticos del salvataje bancario: con dinero del pueblo, se pagaban las deudas de los banqueros.

Ahora el gobierno va a realizar un “salvataje bananero”. Va a usar el dinero de los impuestos que pagan los pobres, para evitar que los ricos bananeros sufran pérdidas.

El gobierno va a comprar millón y medio de cajas de banano. Algo así como una caja por cada dos familias ecuatorianas. Pero no, no vamos a recibir banano; se lo van a regalar a los ricos ganaderos, para forraje.

Cada empresario debe asumir, como adulto, los resultados de su inversión. Si el bananero plantó demasiada fruta, y no la puede vender con ganancia, debe asumir su pérdida. Él, no nosotros.

En el socialismo los pobres no subsidian a los ricos; en el libre mercado tampoco. Ese contubernio del gobierno con ciertos empresarios, empleando recursos públicos para beneficiar los negocios de algunos, es del todo censurable.

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Subsidiar a hombres de negocios, no es propio del libre mercado, ni tampoco del socialismo, supongo. Eso es propio del mercantilismo, llamado también a veces “capitalismo de estado”, en inglés crony capitalism, algo así como “capitalismo de amigazos” (los hombres de negocios que tienen “contactos” y amigos en el gobierno, que los usan para su beneficio personal a costa de la sociedad).

En su versión más radical, algunos también lo identifican con el sistema económico propio del fascismo. 

Cincinato, ejemplo de republicano

Cincinato fue un antiguo cónsul romano quien, caído en desgracia, empezó a labrar con sus manos la tierra para mantener a su familia (gran diferencia con los políticos actuales).

Ya retirado, mientras labraba su campo le informaron que el senado lo había nombrado dictador por seis meses para que dirija al ejército contra los eucos, que iban a atacar Roma.

Al instante dejó el arado y acompañó a los emisarios para cumplir su obligación cívica.

Cincinato asumió el mando supremo, organizó el ejército y enfrentó y derrotó a sus enemigos; rescató a los prisioneros; devolvió los poderes al senado, y volvió a trabajar a su granja. Todo, en dieciséis días.

En esta época de emergencias que duran varias veces más de lo que permite la constitución; de asambleas constituyentes que incumplen el mandato popular; de consultas para pedir aún más poder, recordemos a Cincinato, ejemplo de muchas virtudes cívicas y republicanas.

La herramienta más útil del gobierno: prohibir

Interviene el gobierno para solucionar un problema: lo empeorará y disminuirá las libertades.

Como los narcotraficantes empleaban el bicarbonato de sodio, de golpe y porrazo se lo prohibió; tal parece que todos éramos sospechosos de narcotráfico. Ahora nadie encuentra un producto tan útil.

Para bajar los índices delincuenciales, derogaron los permisos para portar armas (todos éramos sospechosos nuevamente), garantizando víctimas inermes a la delincuencia.

Ahora para disminuir los robos de celulares, obligan a registrar las líneas (seguimos siendo sospechosos para el poder). Si alguien rehúsa, pues le cancelan la línea. Y si la medida resulta ineficaz (que lo será), el ogro filantrópico simplemente prohibirá el servicio prepago.

Se me ocurre una gran idea: para eliminar las coimas, ¿qué tal si prohibimos el dinero? Para eliminar los accidentes de tránsito, ¡prohibamos los autos!

Los ecuatorianos no parecemos ciudadanos, sino vasallos.

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Finalmente, varios meses después de escrita esta carta, las líneas que no hayan sido registradas no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes de texto.

Siempre discuto con mi primo burócrata si el presidente puede dar “órdenes”. Yo afirmo que, legalmente, no tiene ese poder, sino que su potestad es aplicar la ley.

¿Hay base legal directa (nada de “interpretaciones extensivas” de la “intención del legislador”) que permitan al presidente esas prohibiciones? Yo lo dudo.

Recientemente se prohibió los casinos mediante decreto ejecutivo. Es cierto que en la consulta popular ganó la prohibición por estrecho margen. Pero, ya que la consulta no contenía sanciones, afirmo que se debió dictar una ley que las previera para imponérselas a quienes incumplieran dicha “prohibición”. ¿Qué sanciones legales pueden imponerse actualmente?

Ecuador podría vender futuros de petróleo

El presidente ha mencionado su interés por asegurar el precio del petróleo, contratando con una aseguradora internacional.

Tal vez sería más conveniente que el país venda contratos de futuros de petróleo, en las bolsas de Chicago. Por cada contrato, el país se compromete a entregar mil barriles de crudo (Brent o Texas), recibiendo a cambio por adelantado el precio actual. Así, el país asegura el precio, renunciando a cambio a cualquier apreciación futura del crudo. Las comisiones son ínfimas, $3 por cada contrato aproximadamente.

Los contratos de futuro los usan, por ejemplo, las compañías refinadoras, que desean asegurar un precio estable de sus materias primas; y los productores, que desean garantizarse una rentabilidad mínima.

Como el crudo ecuatoriano es más pesado que el Brent o Texas, el país podría vender los contratos de futuro antes que venzan, para no tener que entregar el crudo; simplemente debiendo entregar o recibir la diferencia de precio.

El único empresario que castiga a sus mejores clientes: el gobierno

Debido a la sequía, disminuyó la producción eléctrica, monopolio estatal en Ecuador.

En vez de preguntarse cómo aumentar la producción, a los geniales tecnoburócratas del gobierno más bien se les ocurrió “castigar el consumo excesivo”, proponiendo triplicarles el precio del kw/h. De ahí la siguiente carta:

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Las empresas inteligentes tratan bien a sus clientes: los reciben con una sonrisa, les otorgan descuentos si compran en volumen. Toda compañía se alegra si la demanda de sus productos aumenta, pues significa más ingresos.

En cambio, para las eléctricas del gobierno, sus mejores clientes son “irresponsables, derrochadores, abusivos”, y los ¡castiga!, elevándoles el precio ¡hasta cuatro veces! si "compran mucho" los productos que ofrece monopólicamente.

Si las empresas trataran a sus clientes como el gobierno trata a sus siervos, perdón, ciudadanos, los perderían. Pero como son monopolios públicos, los consumidores debemos resignarnos a la escasez, al mal servicio, a los apagones, y al maltrato verbal por parte de los “servidores públicos”.

No debe haber delito, si no hay víctima

Respecto a la propuesta gubernamental que se configure como infracción penal que el empleador no afilie al seguro social al trabajador:

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Uno de los hitos que marcan el ingreso a la mayoría de edad, es ser capaz de velar por sus propios asuntos.

El trabajador se compromete a ejecutar la actividad pactada, y el empleador a pagarle el monto convenido. He ahí las obligaciones de parte y parte. El trabajador sabrá qué hace con su sueldo.

Algunos trabajadores reciben el almuerzo en sus empresas, pero la mayoría lo compra con su propio sueldo. Configurar como infracción penal que una empresa no dé almuerzos, sonaría traído de los cabellos.

Ya que es interés del trabajador contar con un seguro social, debería considerarse obligación de él mismo contratarlo, no de la empresa donde trabaja.

Obligada la empresa por ley, contra su voluntad, a velar por mis asuntos, no debería sorprenderme que los descuide y me perjudique. ¡Nadie cuida mejor mis intereses, que yo mismo!

Que nuestros asuntos estén en manos de los demás, es reducirnos a seudo-adolescentes que necesitan “tutela”; es una perjudicial reducción de la libertad.