Somos una sociedad de criminales

Nos indignamos, con razón, cuando los delincuentes se apropian de los bienes de una familia, adquiridos con tanto esfuerzo.

También cuando un traficante de tierras, amo y señor de "su" cooperativa, bajo amenazas extorsiona a los vecinos y exige dinero y servicios, para destinarlos a los usos que crea "convenientes".

Otros, sin embargo, usan el gobierno para apoderarse de la propiedad ajena, y lamentablemente no son objeto de censura categórica, pues lo hacen bajo un velo de legalidad.

Ambos usan la amenaza de violencia física para apoderarse del fruto del trabajo ajeno: abiertamente, los delincuentes comunes; veladamente, aquellos que se apropian de lo ajeno desde el poder político.

Si votamos por ellos, y apoyamos con entusiasmo sus "políticas redistributivas", con la esperanza de beneficiarnos de las migajas que resultan de despojar injustamente al prójimo, ¿podemos concluir que somos una sociedad de criminales?

Siempre hay oportunidades, para el que las busca

Adam Shepard, graduado universitario, decidió probar si Estados Unidos aún era la tierra de las oportunidades. Así que se convertió en “inmigrante”: viajaría a una ciudad desconocida (elegida al azar) de otro estado, sólo con la ropa que tenía puesta, una bolsa de dormir y $25 (equivalente a tres horas de trabajo de salario mínimo).

Su meta a un año era tener un lugar dónde vivir, un carro y $2500. Se propuso no mendigar, ni usar sus contactos ni su profesión para ganarse la vida.

Diez meses más tarde decidió terminar el experimento, por la enfermedad de un familiar; sin embargo para entonces ya había cumplido sus metas y ahorrado casi $5000.

En nuestro país, más de un millón de ecuatorianos reciben gratis mensualmente del gobierno, desde hace varios años, el equivalente a más de 23 horas de trabajo de salario mínimo.

Ese dinero, costeado con nuestros impuestos, ¿les ayuda a superarse, o más bien los incentiva al desempleo y dependencia?

El derecho humano esencial a ganarse la vida

Durante la colonia los súbditos tenían que pedir permiso al rey para importar, exportar, abrir un negocio, vender libros, migrar. El rey, por medio del burocrático Consejo de Indias, lo concedía o negaba, según sus intereses; por ejemplo, negando la circulación de libros que contenían ideas antimonárquicas, o la comercialización de productos que eran monopolio estatal.

Doscientos años después, los súbditos aún debemos pedir permiso al gobierno para algo tan sencillo como traer celulares para vender, permiso que será probablemente negado, según los intereses de la "autoridad" (debería ser "servidor público").

Estas medidas que limitan la libertad económica de los ciudadanos, son perjudiciales pues atentan contra un derecho humano básico: el de ganarse la vida; derecho primordial que permite el goce de otros como la vida, salud, educación, etc.

Qué lástima que en el país sea más fácil ser una carga para los demás, recibiendo un subsidio, que ganarse la vida productivamente.

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Rara vez se escucha a los defensores de los DD.HH. mencionar el derecho a ganarse la vida, a no ser una carga para los demás. ¡Y es tan importante! Ese derecho es condición para el goce de tantos otros: la misma vida, alimentación, educación, etc. No puede haber verdadera libertad, si para comer dependo de la beneficencia pública.

Por lo tanto, la libertad económica debería ser el primer derecho defendido.

Generalmente los gobiernos limitan las importaciones por el desequilibrio de la balanza de pagos. Aparte que eso de “equilibrar la balanza comercial” es una falacia (por ejemplo, mi “balanza comercial” personal está totalmente desequilibrada: le compro todo al supermercado, y yo nunca le vendo nada), ésa es la solución fácil para el gobierno, cuando lo que debería hacer es limitar el gasto público innecesario y evitar entorpecer la actividad económica.

Salvataje bananero, como el bancario

El gobierno, con razón, ha sido uno de los más vocales críticos del salvataje bancario: con dinero del pueblo, se pagaban las deudas de los banqueros.

Ahora el gobierno va a realizar un “salvataje bananero”. Va a usar el dinero de los impuestos que pagan los pobres, para evitar que los ricos bananeros sufran pérdidas.

El gobierno va a comprar millón y medio de cajas de banano. Algo así como una caja por cada dos familias ecuatorianas. Pero no, no vamos a recibir banano; se lo van a regalar a los ricos ganaderos, para forraje.

Cada empresario debe asumir, como adulto, los resultados de su inversión. Si el bananero plantó demasiada fruta, y no la puede vender con ganancia, debe asumir su pérdida. Él, no nosotros.

En el socialismo los pobres no subsidian a los ricos; en el libre mercado tampoco. Ese contubernio del gobierno con ciertos empresarios, empleando recursos públicos para beneficiar los negocios de algunos, es del todo censurable.

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Subsidiar a hombres de negocios, no es propio del libre mercado, ni tampoco del socialismo, supongo. Eso es propio del mercantilismo, llamado también a veces “capitalismo de estado”, en inglés crony capitalism, algo así como “capitalismo de amigazos” (los hombres de negocios que tienen “contactos” y amigos en el gobierno, que los usan para su beneficio personal a costa de la sociedad).

En su versión más radical, algunos también lo identifican con el sistema económico propio del fascismo. 

Cincinato, ejemplo de republicano

Cincinato fue un antiguo cónsul romano quien, caído en desgracia, empezó a labrar con sus manos la tierra para mantener a su familia (gran diferencia con los políticos actuales).

Ya retirado, mientras labraba su campo le informaron que el senado lo había nombrado dictador por seis meses para que dirija al ejército contra los eucos, que iban a atacar Roma.

Al instante dejó el arado y acompañó a los emisarios para cumplir su obligación cívica.

Cincinato asumió el mando supremo, organizó el ejército y enfrentó y derrotó a sus enemigos; rescató a los prisioneros; devolvió los poderes al senado, y volvió a trabajar a su granja. Todo, en dieciséis días.

En esta época de emergencias que duran varias veces más de lo que permite la constitución; de asambleas constituyentes que incumplen el mandato popular; de consultas para pedir aún más poder, recordemos a Cincinato, ejemplo de muchas virtudes cívicas y republicanas.

La herramienta más útil del gobierno: prohibir

Interviene el gobierno para solucionar un problema: lo empeorará y disminuirá las libertades.

Como los narcotraficantes empleaban el bicarbonato de sodio, de golpe y porrazo se lo prohibió; tal parece que todos éramos sospechosos de narcotráfico. Ahora nadie encuentra un producto tan útil.

Para bajar los índices delincuenciales, derogaron los permisos para portar armas (todos éramos sospechosos nuevamente), garantizando víctimas inermes a la delincuencia.

Ahora para disminuir los robos de celulares, obligan a registrar las líneas (seguimos siendo sospechosos para el poder). Si alguien rehúsa, pues le cancelan la línea. Y si la medida resulta ineficaz (que lo será), el ogro filantrópico simplemente prohibirá el servicio prepago.

Se me ocurre una gran idea: para eliminar las coimas, ¿qué tal si prohibimos el dinero? Para eliminar los accidentes de tránsito, ¡prohibamos los autos!

Los ecuatorianos no parecemos ciudadanos, sino vasallos.

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Finalmente, varios meses después de escrita esta carta, las líneas que no hayan sido registradas no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes de texto.

Siempre discuto con mi primo burócrata si el presidente puede dar “órdenes”. Yo afirmo que, legalmente, no tiene ese poder, sino que su potestad es aplicar la ley.

¿Hay base legal directa (nada de “interpretaciones extensivas” de la “intención del legislador”) que permitan al presidente esas prohibiciones? Yo lo dudo.

Recientemente se prohibió los casinos mediante decreto ejecutivo. Es cierto que en la consulta popular ganó la prohibición por estrecho margen. Pero, ya que la consulta no contenía sanciones, afirmo que se debió dictar una ley que las previera para imponérselas a quienes incumplieran dicha “prohibición”. ¿Qué sanciones legales pueden imponerse actualmente?

Ecuador podría vender futuros de petróleo

El presidente ha mencionado su interés por asegurar el precio del petróleo, contratando con una aseguradora internacional.

Tal vez sería más conveniente que el país venda contratos de futuros de petróleo, en las bolsas de Chicago. Por cada contrato, el país se compromete a entregar mil barriles de crudo (Brent o Texas), recibiendo a cambio por adelantado el precio actual. Así, el país asegura el precio, renunciando a cambio a cualquier apreciación futura del crudo. Las comisiones son ínfimas, $3 por cada contrato aproximadamente.

Los contratos de futuro los usan, por ejemplo, las compañías refinadoras, que desean asegurar un precio estable de sus materias primas; y los productores, que desean garantizarse una rentabilidad mínima.

Como el crudo ecuatoriano es más pesado que el Brent o Texas, el país podría vender los contratos de futuro antes que venzan, para no tener que entregar el crudo; simplemente debiendo entregar o recibir la diferencia de precio.