Quintuplicar los jueces

Costa Rica tiene más de 21 jueces por cada cien mil habitantes; Uruguay, 14; Colombia, 11. Nuestro país, en cambio, sólo cuenta con un poco más de 4 jueces por cada cien mil habitantes.

Hay muy pocos jueces en el país; de ahí la lentitud en el despacho, y la percepción de ineficiencia.

El Consejo de la Judicatura de Transición puede ponerse la ambiciosa meta de, por lo menos, triplicar el número de jueces para estar a la par con Colombia. O quintuplicarlo, para ser modelo latinoamericano de acceso a la justicia.

También podrían crearse juzgados de reclamos menores, distintos a los ordinarios. En varios países existen esos juzgados especiales, donde los litigantes pueden comparecer sin abogado y exponer directamente al juez sus pleitos, quien resolverá en la misma audiencia. Los montos que se consideran de menor cuantía en esos países oscilan entre $2000-$20,000.

Fuentes: número de jueces en Ecuador: www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=23855:77-jueces-obtuvieron-su-titulo-profesional-en-la-extinta-universidad-cooperativa-de-colombia&catid=40:actualidad&Itemid=63 número internacional de jueces: www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=699642

No hay impuestos, si no hay voto

Durante la revolución americana, una de las demandas de las colonias era "no taxation without representation": el rey les cobraba impuestos pero no les permitía tener representantes en el parlamento.

Dicha conquista fue emulada en toda América; los nuevos ciudadanos eran quienes podían pagar impuestos. Luego la ciudadanía se amplió a todos.

Hoy tenemos el problema contrario: la mayor parte de impuestos son pagados por la minoría de electores (los ricos); y la mayoría de electores elige candidatos populistas y demagogos que le ofrecen beneficios "gratis", que pagarán "los ricos".

Así, quienes sufren más "taxation", tienen menos "representation" o peso electoral.

El populismo es nefasto. Para evitarlo, autores como Doug Casey proponen que el voto valga tanto como impuestos se pagan. Además, si las empresas son buenas para mantener al gobierno, también deberían ser buenas para elegirlo.

Tema espinoso, esto de defender a los ricos; mas como toda injusticia, debe subsanarse.

Salir del subdesarrollo, en sólo dos generaciones

Singapur y Kenia se independizaron de los británicos al mismo tiempo (1955 y 1957). En esa época, ambos países eran pobres y tenían el mismo PIB. Singapur además había sido invadida por los japoneses durante la segunda guerra mundial.

Cincuenta años después, Singapur tiene el tercer PIB per cápita mundial, mientras que Kenia está en el puesto 150. Una de cada seis familias en Singapur tiene más de un millón de dólares en el banco; en Kenia más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. ¿A qué se debe una diferencia tan abismal

Singapur es otro ejemplo más que un país puede pasar del tercer al primer mundo en tan sólo dos generaciones. La receta, en dos palabras: libertad económica; es decir: no hay salario mínimo (generando pleno empleo), impuestos muy bajos, extrema facilidad para hacer negocios, excelente sistema judicial, uno de los países menos corruptos del planeta, gasto público pequeño en relación al PIB.

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Nuestras recetas "desarrollistas" de hace cincuenta años (sustitución de importaciones, "protección a la industria nacional", llenar de regulaciones y trabas al comercio, etc., el mercantilismo usual) NO nos han dado los resultados que esperábamos. ¿Por qué seguimos aplicándolas, entonces?

No hay vía penal para funcionarios

El presidente y los funcionarios públicos tienen, como todo ciudadano, derecho a la honra y el buen nombre.

Sin embargo, parece que no tienen abierta la vía judicial penal para defender esos derechos.

La Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que «Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato”, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».

Para bien o para mal, el pacto de San José considera que las leyes que penalizan el desacato atentan contra los derechos humanos; entonces tales artículos del código penal (230, 493) han de considerarse inconstitucionales y, por lo tanto, inaplicables.

Quienes aspiren a ser elegidos o designados funcionarios, deberán sopesar si los beneficios del ejercicio del poder compensan el verse privado de la vindicta.

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Es un derecho y deber cívico de los ciudadanos, analizar libremente si las actuaciones de los funcionarios públicos se apegan a las leyes, o si se encuadran en los tipos penales.

Para evitar represalias de los poderosos, este principio internacional de derechos humanos protege adicionalmente la libertad de expresión, un derecho más valioso socialmente que la honra de los funcionarios.

La jubilación a los 65, ¿un mero ensueño?

Desde que en 1935 Roosevelt fijó la jubilación a los 65 años, esa edad se ha convertido en la esperanza de quienes desean al fin descansar, cosechando los frutos de una vida de trabajo.

Pero en 1935 la esperanza de vida era de tan sólo 60 años: la mayoría de trabajadores moriría antes de poder jubilarse. El sistema se había diseñado suponiendo que la mayoría de los afiliados no demandaría la jubilación.

En el Ecuador de hoy, con una esperanza de vida de más de 73 años, de acuerdo con el plan original de Roosevelt la jubilación sería ¡casi a los 80 años!

Los problemas actuariales del IESS se parecen a los de una lotería en la que la mayoría de concursantes empiezan a ganar los premios.

Durante toda la historia, el destino del hombre ha sido trabajar “hasta que el cuerpo aguante” para arrancarle a la naturaleza su sustento. Ese sueño moderno de vivir la vejez sin trabajar, aparte de una anomalía histórica, tal vez sea una expectativa poco realista.

Somos una sociedad de criminales

Nos indignamos, con razón, cuando los delincuentes se apropian de los bienes de una familia, adquiridos con tanto esfuerzo.

También cuando un traficante de tierras, amo y señor de "su" cooperativa, bajo amenazas extorsiona a los vecinos y exige dinero y servicios, para destinarlos a los usos que crea "convenientes".

Otros, sin embargo, usan el gobierno para apoderarse de la propiedad ajena, y lamentablemente no son objeto de censura categórica, pues lo hacen bajo un velo de legalidad.

Ambos usan la amenaza de violencia física para apoderarse del fruto del trabajo ajeno: abiertamente, los delincuentes comunes; veladamente, aquellos que se apropian de lo ajeno desde el poder político.

Si votamos por ellos, y apoyamos con entusiasmo sus "políticas redistributivas", con la esperanza de beneficiarnos de las migajas que resultan de despojar injustamente al prójimo, ¿podemos concluir que somos una sociedad de criminales?

Siempre hay oportunidades, para el que las busca

Adam Shepard, graduado universitario, decidió probar si Estados Unidos aún era la tierra de las oportunidades. Así que se convertió en “inmigrante”: viajaría a una ciudad desconocida (elegida al azar) de otro estado, sólo con la ropa que tenía puesta, una bolsa de dormir y $25 (equivalente a tres horas de trabajo de salario mínimo).

Su meta a un año era tener un lugar dónde vivir, un carro y $2500. Se propuso no mendigar, ni usar sus contactos ni su profesión para ganarse la vida.

Diez meses más tarde decidió terminar el experimento, por la enfermedad de un familiar; sin embargo para entonces ya había cumplido sus metas y ahorrado casi $5000.

En nuestro país, más de un millón de ecuatorianos reciben gratis mensualmente del gobierno, desde hace varios años, el equivalente a más de 23 horas de trabajo de salario mínimo.

Ese dinero, costeado con nuestros impuestos, ¿les ayuda a superarse, o más bien los incentiva al desempleo y dependencia?