Una pequeña traducción de un post encontrado en Mises vs. Keynes, una página de Facebook:
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La niña le pregunta a su padre: «Papá, ¿por qué la gente odia al comunismo? ¿Acaso no consiste en compartir?».
El papá le respondió: «Compartir, es cuando llevas unas galletas a clase, y le convidas a tus compañeros.
»Comunismo es cuando tu profesor te quita las galletas, se lleva la mitad a la sala de profesores, y luego divide el resto entre tus compañeros, dándole las porciones más grandes a los alumnos que lo “cepillan” más».
La niña, de diez años, comprendió.
lunes, 19 de marzo de 2012
domingo, 4 de marzo de 2012
No se debe exigir título a los periodistas
Exigir título universitario a los periodistas, contradice la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión, expedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión".
Si se introduce dicha exigencia en la ley de comunicación, tal artículo sería inconstitucional por violentar acuerdos internacionales de derechos humanos que otorgan una protección mayor a la libertad de expresión.
Los periodistas profesionales deberían sentirse seguros de su superioridad frente a los "amateurs" y demostrarla en la competencia diaria por ganar a la audiencia, sin necesidad de excluir ilegalmente la competencia.
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Una pequeña explicación. A alguien se le ocurre publicar sus tonterías en unas hojas, y venderlas. Éso es un diario, una revista. ¿Qué hay de malo en ello? (suponiendo que no incite al odio, etc.).
No será un material profesional, ni tal vez de calidad, pero ¿prohibirle hacerlo porque “no es profesional de la comunicación”? Eso es difícil de conciliar con el derecho a la libertad de expresión.
Los periodistas profesionales, por supuesto, defienden su exclusividad a trabajar en medios de comunicación con sofismas: «Señor Andino, qué hago ahora con mi cartón de tercer nivel?», se queja uno. «No podemos regresar a la época del empirismo», advierte otro. «Sería como si un gran barco muy complejo no necesitaría del aporte de marineros preparados o como dejar a que todas las personas puedan hacer medicinas», afirma el decano de una facultad de comunicación.
Otro nos advierte de los males que podría acarrearnos: «el día de mañana los políticos también podrán ser periodistas, y los políticos podrán ser líderes de opinión en cualquier medio de comunicación, sea público, privado o comunitario». (¿Qué tiene eso de malo, me pregunto? ¿Somos los lectores tan ingenuos, que le creemos a cualquiera que opina en la prensa?)
En mi opinión, la asambleísta gobiernista Paola Pabón, resume acertadamente los argumentos en contra de la exigencia de título: «colocar la exigencia de título profesional [significaría] excluir al resto de personas a hacer uso del derecho a la comunicación». Esto sí es inaceptable.
domingo, 26 de febrero de 2012
En defensa de la esclavitud
-La esclavitud es natural. En todas las sociedades siempre ha habido seres superiores, ante quienes los inferiores se someten espontáneamente.
-Los esclavos no pueden cuidar de sí mismos. Sin amos, caerían en la miseria, morirían, o se dedicarían a robar y violar. Donde no hay un amo fuerte, la gente está peor que en la esclavitud. Por eso, a cambio de cuidarlo, es justo que el amo se beneficie del trabajo del esclavo.
-Librarse de la esclavitud es una utopía infantil e inaplicable; ocasionaría derramamiento de sangre, desorden, libertinaje. En vez de abolirla, es mejor mantener a los esclavos bien alimentados, vestidos, entretenidos.
Ya nadie piensa así. Pero iguales argumentos son usados por quienes defienden otra institución inmoral: el gobierno, como lo conocemos: el monopolio de la fuerza por un grupo armado que exige obediencia y pago de impuestos.
Juzgue el lector si las mencionadas razones son válidas para oponerse a la abolición del gobierno.
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Este texto es una traducción y resumen del original publicado en http://mises.org/daily/5076.
Ningún diario decidió publicarlo, supongo que era demasiado radical. ^_^
miércoles, 18 de enero de 2012
Quintuplicar los jueces
Costa Rica tiene más de 21 jueces por cada cien mil habitantes; Uruguay, 14; Colombia, 11. Nuestro país, en cambio, sólo cuenta con un poco más de 4 jueces por cada cien mil habitantes.
Hay muy pocos jueces en el país; de ahí la lentitud en el despacho, y la percepción de ineficiencia.
El Consejo de la Judicatura de Transición puede ponerse la ambiciosa meta de, por lo menos, triplicar el número de jueces para estar a la par con Colombia. O quintuplicarlo, para ser modelo latinoamericano de acceso a la justicia.
También podrían crearse juzgados de reclamos menores, distintos a los ordinarios. En varios países existen esos juzgados especiales, donde los litigantes pueden comparecer sin abogado y exponer directamente al juez sus pleitos, quien resolverá en la misma audiencia. Los montos que se consideran de menor cuantía en esos países oscilan entre $2000-$20,000.
Fuentes: número de jueces en Ecuador: www.elciudadano.gov.ec/index.
miércoles, 4 de enero de 2012
No hay impuestos, si no hay voto
Durante la revolución americana, una de las demandas de las colonias era "no taxation without representation": el rey les cobraba impuestos pero no les permitía tener representantes en el parlamento.
Dicha conquista fue emulada en toda América; los nuevos ciudadanos eran quienes podían pagar impuestos. Luego la ciudadanía se amplió a todos.
Hoy tenemos el problema contrario: la mayor parte de impuestos son pagados por la minoría de electores (los ricos); y la mayoría de electores elige candidatos populistas y demagogos que le ofrecen beneficios "gratis", que pagarán "los ricos".
Así, quienes sufren más "taxation", tienen menos "representation" o peso electoral.
El populismo es nefasto. Para evitarlo, autores como Doug Casey proponen que el voto valga tanto como impuestos se pagan. Además, si las empresas son buenas para mantener al gobierno, también deberían ser buenas para elegirlo.
Tema espinoso, esto de defender a los ricos; mas como toda injusticia, debe subsanarse.
domingo, 27 de noviembre de 2011
Salir del subdesarrollo, en sólo dos generaciones
Singapur y Kenia se independizaron de los británicos al mismo tiempo (1955 y 1957). En esa época, ambos países eran pobres y tenían el mismo PIB. Singapur además había sido invadida por los japoneses durante la segunda guerra mundial.
Cincuenta años después, Singapur tiene el tercer PIB per cápita mundial, mientras que Kenia está en el puesto 150. Una de cada seis familias en Singapur tiene más de un millón de dólares en el banco; en Kenia más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. ¿A qué se debe una diferencia tan abismal
Singapur es otro ejemplo más que un país puede pasar del tercer al primer mundo en tan sólo dos generaciones. La receta, en dos palabras: libertad económica; es decir: no hay salario mínimo (generando pleno empleo), impuestos muy bajos, extrema facilidad para hacer negocios, excelente sistema judicial, uno de los países menos corruptos del planeta, gasto público pequeño en relación al PIB.
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Nuestras recetas "desarrollistas" de hace cincuenta años (sustitución de importaciones, "protección a la industria nacional", llenar de regulaciones y trabas al comercio, etc., el mercantilismo usual) NO nos han dado los resultados que esperábamos. ¿Por qué seguimos aplicándolas, entonces?
miércoles, 9 de noviembre de 2011
No hay vía penal para funcionarios
El presidente y los funcionarios públicos tienen, como todo ciudadano, derecho a la honra y el buen nombre.
Sin embargo, parece que no tienen abierta la vía judicial penal para defender esos derechos.
La Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que «Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato”, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».
Para bien o para mal, el pacto de San José considera que las leyes que penalizan el desacato atentan contra los derechos humanos; entonces tales artículos del código penal (230, 493) han de considerarse inconstitucionales y, por lo tanto, inaplicables.
Quienes aspiren a ser elegidos o designados funcionarios, deberán sopesar si los beneficios del ejercicio del poder compensan el verse privado de la vindicta.
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Es un derecho y deber cívico de los ciudadanos, analizar libremente si las actuaciones de los funcionarios públicos se apegan a las leyes, o si se encuadran en los tipos penales.
Para evitar represalias de los poderosos, este principio internacional de derechos humanos protege adicionalmente la libertad de expresión, un derecho más valioso socialmente que la honra de los funcionarios.
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