El estado es igualito a la banda de la "mama Lucha"

Una turba enardecida y armada entra a un banco y, bajo amenazas, se apodera del dinero ajeno. ¿Por qué asaltan un banco y no una librería? Porque en el banco hay más plata, pues.

Otra turba enardecida y mucho más armada, llamada estado, aprueba una ley, y bajo amenazas de violencia, se apodera del dinero de los bancos. ¿Por qué los bancos y no los artesanos? Porque los bancos tienen más plata, pues.

En ambos casos el resultado es el mismo: apoderarse de lo ajeno, bajo amenazas de violencia. Razonan igual: buscan a quienes tienen más plata.

¿Por qué en un caso es delito y en el otro no? No hay diferencia alguna.

Permítaseme abundar. Imagine que es un comerciante de un mercado popular, y está dentro de la, digamos, “zona de influencia” de la banda de la Mama Lucha. Constantemente es sometido a extorsiones, a pagar altas sumas por “seguridad”.

No sólo eso; ahora también debe entregarle a la Mama Lucha TODA la información del dinero que usted gasta, para que ella sepa cuánto puede obligarlo a “redistribuir”.

Pues eso es lo que ha hecho la asamblea: obligarnos a entregarle en “bandejita” la información a aquellos que se dedican profesionalmente a quitarle el dinero al prójimo. Añaden el insulto a las heridas, como dicen los gringos.

Como decía Mark Twain, “ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de nadie están a salvo, mientras la legislatura sesiona”.

La “mama lucha” y otros extorsionadores exigen altas sumas para NO secuestrar o darle una paliza a usted o alguien de su familia. El estado exige altas sumas para NO enviarte a la cárcel (para no secuestrarte, en otras palabras). ¿Hay alguna diferencia? La única es que en un secuestro nadie sabe dónde estás; en la cárcel, todos saben dónde estás, pero nadie te puede sacar. Y en la cárcel te violan, te dan palizas, etc. Para efectos prácticos, el secuestro estatal es peor.

Ambos ―estado y Mama Lucha― usan el dinero en lo que creen conveniente; gastos con los que Ud. quizá no esté de acuerdo. No importa; igual debe pagar, para evitarse daño a usted y sufrimiento a su familia.

Hace unas semanas leía un artículo en El Comercio sobre los extorsionadores en Quito. La semejanza del proceder de éstos con el estado, es desconcertante.

• «A los comerciantes de víveres u otros productos les obligan a pagar dinero para que conserven los puestos y trabajen con “normalidad”». Deje de pagar los impuestos: verá cómo le hacen lo mismo, clausurándole el negocio.
• Un ciudadano «denunció a una persona que permanentemente le exigía dinero a cambio de mantenerlo libre». ¿No nos encarcelan, si no pagamos los impuestos?
• «Los extorsionadores operan con colaboradores. Un grupo cobra la plata, otros se encargan de dar seguridad (brazo armado), otros son tramitadores de documentos y finalmente otro grupo se encarga de lo logístico (conseguir autos, transportar a los colectores de dinero)». ¿Están hablando del estado, o de los extorsionadores?
• «Antes, la mayoría de afectados era comerciantes o empresarios y ahora son profesionales: médicos, abogados, arquitectos, ingenieros ... este viraje delictivo se produce por “los ingresos económicos considerables” de las víctimas». El estado “razona” igual que los extorsionadores.
• «Tras cobrar el dinero, los grupos hacen giros y se reparten las ganancias». Como si hablaran de repartir el dinero de los bancos en “bonos de desarrollo”, que garantizan un electorado fiel.

Por lo menos, los asaltantes actúan de frente, y uno sabe a qué atenerse con ellos. El estado en cambio actúa hipócritamente. Mientras se hace pasar por benefactor de unos, es violento contra otros. Y si elegimos y reelegimos a los políticos que lo conforman, somos cómplices de esa violencia.

La rapiña («robo, expoliación o saqueo que se ejecuta arrebatando con violencia») nunca es lícita; ni siquiera para hacer el bien. No seamos cómplices de la violencia ejercida contra el prójimo. No se puede, por darle limosna a Juan, amenazar con quitarle la vida/libertad/propiedad a Pedro.

También los extorsionadores son generosos, y hacen obra social. La misma Mama Lucha lo hacía. Lo hace la mafia japonesa durante los desastres naturales. Los mafiosos pueden ser muy buenas gentes. Pero que eso no nos impida reconocer la naturaleza inmoral de sus actividades, lo ilícito de sus ingresos.

La sociedad se perjudica por la existencia de grupos que se dedican a extorsionar a ciudadanos pacíficos, llámense estado o “bandas de la mama lucha”. No los apoyemos. Avergoncémonos de su existencia.

«Todo hombre decente se avergüenza del gobierno bajo el cual vive» ~Mencken.

Nuevo ataque contra la libertad de expresión

Triste día para el país. Resulta que la constitución existe para proteger al gobierno de los abusos de los ciudadanos, y no al revés.

Publicar algo diferente a la verdad oficial, es una "ofensa" al gobierno, y ¡hay que pedirle disculpas...! El director Vivanco, cual Sócrates, se resigna a cumplir una sentencia que repugna a la razón.

¿Qué pensarían Espejo, Montalvo, Calle, de eso?

¿Se imaginan a Espejo pidiéndole disculpas a la corona española, o a la real audiencia? ¿Se imaginan a Montalvo pidiéndole disculpas a García Moreno, a Veintimilla? ¿Se imaginan al "tuerto Calle" pidiendo disculpas a la dictadura de Alfaro?

No. Prefirieron aguantar la prisión, el destierro, la pobreza y marginación, antes que claudicar.

Bien hace el gobierno en denominarse “alfarista”: Alfaro desterró y encarceló periodistas, clausuró imprentas, fusiló opositores sin juicio alguno, y sus partidarios torturaron, apalearon, asesinaron periodistas.

Contra la misión "Manuela Espejo"

Yo soy una persona muy sensible, preocupada por la “cuestión social”, y quiero hacer algo para aliviar la condición de los pobres y desvalidos, especialmente de los discapacitados.

Como no tengo mucho dinero, ni quiero gastarlo en ayudarlos, ya sé qué voy a hacer.

Reclutaré una tropa de esbirros, quienes irán armados, y solicitarán a los demás contribuciones.

Para motivar a mis secuaces a hacer su “trabajo”, ellos podrán quedarse con la mayor parte de lo que recojan. Lo que sobre, será para mis amados pobres.

¿Ya dije que las contribuciones serán obligatorias? Quien se niegue, igual le quitaremos su “contribución”. Si oculta sus bienes, pues lo secuestramos, hasta que “afloje”. Si huye, le disparamos por la espalda, para escarmiento de los demás. Todo, por los pobres.

«Nadie te da derecho a usar la violencia para apropiarte de lo ajeno», escucho decir a mis detractores. «No te diferencias de un delincuente común».

¡Pero lo voy a hacer en beneficio de los pobres! Yo no me quedaré ni con un centavo. ¡Soy totalmente desinteresado!

«Da igual. El fin no justifica los medios. Usar la violencia para apropiarse de lo de los demás, es inmoral, aunque se lo haga con fines “altruistas”».

Ya sé qué voy a hacer para conseguir ayudar a los pobres y discapacitados. Haré mucha propaganda y convenceré al 51% de la población de que lo que hago, está bien. Es más: les ofreceré repartir con ellos una parte de lo que obtengan mis esbirros. ¿Quién podrá resistirse a una oferta tan tentadora? Si logro que la mayoría me apoye, está bien, ¿verdad?

«No», continúan mis detractores, inconmovibles. «Lo bueno o lo malo, lo justo o injusto, no dependen de la opinión de la mayoría. Un robo, un asesinato, seguirán siendo injustos, aunque la mayoría los apruebe».

Déjenme resumir la posición de mis detractores, a ver si la entiendo bien:

—No puedo legítimamente apropiarme de lo ajeno a la fuerza.

—No puedo hacerlo ni aunque lo haga por “hacer el bien”, o “desinteresadamente”.

—No puedo hacerlo ni aunque la mayoría de la gente esté de acuerdo.

Entonces, si yo no puedo, ¿por qué el gobierno sí puede?

¿Por qué lo que es malo y prohibido para mí, para todos, para cualquier ciudadano, es “bueno y lícito” para algunos ciudadanos que se llaman a sí mismos “gobierno”?

Respuesta: ¡no lo es! ¡Sigue siendo malo, inmoral, ilícito!

Lamentablemente, la mayoría no lo ve así. Están acostumbrados a que haya “alguien que mande”, que “coja, parta y reparta” (y se quede con la mejor parte).

Muchos otros están de acuerdo por interés: esperan que les llegue algo del “reparto del botín” producto de despojar al prójimo. Su conciencia ha sido comprada. Pero eso no cambia la moralidad de esos actos.

Es por eso que la misión “Manuela Espejo”, y el bono “Joaquín Gallegos Lara”, no me producen admiración.

En pocas palabras, se reducen a que unos cogen la plata que quitaron a otros, se quedan con una parte, y usan el resto para hacer obra social..., llevándose el crédito, la gratitud y... los votos de quienes participaron en el “reparto del botín”.

Eso no me parece digno de un premio Nobel de la paz. Menos aún cuando al mentalizador de dicho programa jamás le hemos escuchado oponerse a las arbitrariedades, insultos, y abusos del poder del que forma parte.

¡Vaya! Si se lo otorgaron al presidente Obama...

(quien cobardemente mata con bombardeos a inocentes niños y a quienes intentan rescatarlos, en países pequeños que no pueden evitar dichos bombardeos; quien se jacta de haber perseguido judicialmente a más periodistas que denuncian la corrupción que otros gobiernos; que se arroga el derecho de declarar “terrorista” y asesinar sin juicio alguno a cualquier persona en el mundo; quien usó ampliamente marihuana en su juventud, y sin embargo envía cada año a miles a la cárcel por hacer lo mismo)

..., pueden dárselo a cualquiera. Tal vez le pida a mis esbirros que me nominen para la próxima.

¿Tenemos república, o monarquía medieval?

Los estatistas parecen creer que el gobierno es lo principal, lo preeminente, frente a los ciudadanos; y que ser presidente es “lo máximo”.

Así, el superintendente de bancos Solines sugiere fijar un límite a las remuneraciones de los banqueros para que “nadie gane más que el presidente de la república”. Alberto Acosta propone que «quienes tienen un ingreso superior dos veces al Presidente de la República, deberían tener un impuesto a la renta de por lo menos el 50% de sus ingresos». En ocasiones hemos escuchado al presidente hablar de la “majestad” del cargo que desempeña.

Me resulta curiosa dicha concepción del poder. Quienes piensan así parecería que se refieren al ejercicio del poder dentro de un reino medieval, no una república moderna.

El rey medieval tenía “súbditos”, quienes le debían pleitesía; los súbditos se hincaban ante él; nadie era “más” que el rey.

Sin embargo, en una república nadie es “más” que nadie, todos somos iguales ante la ley; algunos ciudadanos han sido elegidos para servir a los demás, y nadie tiene “más importancia” que ninguno. Los servidores no tienen ninguna “dignidad” especial; eso de la “dignidad”, de ser “dignatario”, es un triste rezago monárquico.

No se me replique que, en virtud del “valioso” servicio que prestan a la sociedad, los ciudadanos les debemos a los funcionarios públicos un respeto y consideración especiales. ¿No pretendían también los reyes de antaño haber recibido un poder divino para dizque servir, cuidar y proteger a los pueblos sobre los que reinaban? El propio Jesús dijo: «los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores». ¡Ja! Eso en mi opinión se aplica plenamente a nuestros supuestos “servidores públicos”.

Ya que hemos citado al Señor, escuchemos lo que dijo a continuación: «¿quién es más importante: el que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto». ¿Qué es lo principal: la sociedad, o el gobierno? Sociedad y gobierno, ¿quién eligió a quién? ¿Quién es más importante: el ciudadano, que elige a su servidor, o el servidor elegido? ¡El ciudadano, por supuesto!

Pero, ay, en la realidad vemos lo contrario. ¿Quién cede el paso cuando va por la calle una caravana de vehículos oficiales blindados, con vidrios ahumados? Nosotros, por supuesto. Trate de negarse a hacerlo, a ver cómo le va enfrentándose a la “fuerza pública”... Ahí veremos a quién le guardan lealtad... “Servir y proteger”... Sí, pero no a usted ni a mí. A Ellos.

Sigamos con la idea de que el “servido” es, o debería ser, el principal, y que el “servidor” es menos importante. No como ser humano, por supuesto, sino por su cargo.

A los estatistas totalitarios les sorprende que alguien gane más que el presidente. No debería sorprenderles tanto. ¿Acaso el presidente es el dueño del país? ¿Acaso es algo parecido a un rey? ¿Acaso él “creó” a la sociedad que lo eligió? Por supuesto que no. Otra vez: presidente y ciudadanos. ¿Quién eligió a quién? ¿A qué debe parecerse más un presidente: a un rey, o a un mayordomo?

Si le sóno feo comparar a un presidente con un mayordomo, lo atribuyo a los mencionados “rezagos monárquicos”. Tendemos a ver el poder aún como era en los reinos de antaño. Pero en una república, el poder es: servicio; es delegado; es limitado; está sujeto a control y rendición de cuentas; es revocable. Lamentablemente nadie recuerda esto.

(Supongo que la degeneración de las repúblicas en despotismo es inevitable. Los antiguos romanos, luego de su pésima experiencia con sus reyes, se dijeron, “reyes, nunca más”, y fundaron la república. Derivó en populismo, y finalmente en el despotismo de los emperadores. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa desembocaron inmediatamente en el Terror, y en más emperadores... ¡parece que hay un patrón a seguir! La revolución americana mantuvo sus ideales por poco más de un siglo, hasta que Lincoln prefirió fundar un imperio [¡otra vez!] antes que mantener la confederación de los Padres fundadores... Acá en latinoamérica nunca fuimos muy fieles a los ideales de la independencia. Siempre hemos tenido una especial debilidad por los “hombres fuertes”. Y hasta un par de emperadores ha habido)

Hay más. El dinero que recibe un alto ejecutivo, se lo pagan los dueños de la empresa voluntariamente, de buena gana, y de su propio bolsillo. Lo mucho o poco que gane un empresario, lo recibe de los clientes que voluntariamente le compran. En cambio el sueldo del presidente se paga con dinero obtenido de bolsillos ajenos bajo amenaza de violencia (prisión y confiscación. Es decir, se paga con “impuestos”, que por algo se llaman así, y no “voluntarios”). “Gobiernan como dueños, y los mismos que oprimen se hacen llamar bienhechores”... Sabias palabras...

Permítaseme aportar otra razón, con un ejemplo.

Uno contrata una empleada doméstica. Y uno le paga menos que lo que uno gana. ¿Injusto? ¿Explotación? ¡Es imposible pagarle más que lo que uno gana! Si uno no puede pagarle siquiera el mínimo, pues no puede contratarla. Así de simple. Y nadie se sorprende de eso.

Los totalitaristas deberían alegrarse que haya ciudadanos prósperos dispuestos a contratar a otros, pagándoles bien. ¿No se alegra la empleada doméstica cuando a sus empleadores les va bien? Podrán seguir contando con sus servicios. ¿O debe llenarse de envidia y malevolencia contra esos “explotadores” que le pagan menos que lo que ganan ellos...? ¿Qué tal que la empleada “prohiba” que los señores de la casa ganen más que ella? Absurdo. Pero esa idea se debate con fruición en las cumbres del poder de nuestro país...

Así mismo ha de ser. Los que gobiernan, gobiernan como dueños, no como servidores... Y quienes oprimen al prójimo se hacen llamar “servidores públicos”. Y la gente parece conformarse con ello. Nunca faltarán, empero, las voces de unos cuantos que diremos mientras tengamos aliento: no debería ser así. Un presidente de república debería parecerse a un mayordomo, no a un rey.

Apuntes contra la "redistribución de la riqueza"

Eso de la “redistribución de la riqueza” que se ha vuelto a poner de moda entre nosotros, se explica en una sola idea: piensa el político: “es tan divertido gastar la plata ajena”.

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Dicen que a Willie Sutton, famoso ladrón de bancos, le preguntaron: «¿Por qué roba Ud. bancos?», y respondió: «Porque ahí es donde está la plata». La historia es apócrifa, pero se aplica plenamente a nuestros “redistribuidores de riqueza ajena” criollos... Los bancos están llenos de dinero (ajeno); la tentación de “redistribuir” es demasiado grande...

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Sutton sí dijo, sin embargo: «¿Por qué robé bancos? Porque lo disfrutaba. Me encantaba. Me sentía más vivo cuando estaba dentro de un banco, robándolo, que en cualquier otro momento de mi vida. Disfrutaba tanto todo lo que tenía que ver con ello, que una o dos semanas más tarde estaría buscando el siguiente “trabajo”». ¡Eh! Supongo que así se siente el político que “redistribuye” la riqueza ajena. No se sentiría tan “vital” si redistribuyese la propia, ¿eh?

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Los bancos que, por sus malos manejos, recibieron ayuda estatal, desaparecieron o están en poder del estado (*cof*, Cofiec, *cof*). Los bancos privados actuales no necesitaron esa ayuda. Pero acusar a “los bancos” y “los banqueros”, en general, aún a los actuales, de la crisis del ʼ99, no sólo que es injusto, sino que es estúpido: fácilmente uno se deja llevar del rencor y deja de pensar, convirtiéndose en presa de los manipuladores políticos y sus eslóganes. No es inteligente dejarse convertir en un tonto útil, peor aún de los políticos.

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Una ventaja de la crisis ―por lo menos una hubo― fue que Mahuad se vio obligado a cortar uno de los tantos tentáculos que tiene el gobierno en nuestos bolsillos: la impresión de moneda. Cada año era el 10%, 15%, 20% que perdíamos en poder adquisitivo en beneficio del gobierno. Tal vez ese el origen de tanto rencor por parte de un gobierno autoritario: tanto querría imprimir moneda, pero el pueblo no toleraría, dicen, una salida del dólar.

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El bono sí disminuye la pobreza, pero de una manera meramente formal. Si definimos como pobres a aquellos que tienen un ingreso menor a un dólar diario, si les regalamos $35 mensuales, ¡puf!, por arte de magia sacamos de la pobreza a los casi dos millones de receptores del bono. Pero NO se han incorporado productivamente a la sociedad; si les quitan el bono, vuelven a ser pobres.

Además, si es verdad que la pobreza, el desempleo, han disminuido, los receptores del bono deberían también ser menos; pero no es así: se han incrementado en cientos de miles, y el monto del bono también.

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Si el gobierno quiere ayudar a las madres solteras, facilíteles: 1) guarderías para que puedan dejar a sus niños e ir a trabajar, y 2) suficiente libertad económica para que las empresas crezcan y les ofrezcan empleo productivo. Pero un gobierno que odia la riqueza y a los ricos, que odia los mercados (que odia la libertad ajena, en otras palabras), no lo hará.

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Políticamente el gobierno prefiere que los pobres se mantengan pobres y reciban el bono: pues se convierten en sus clientes, en el sentido romano del término (es decir, sus “mantenidos”). Tiene casi dos millones de electores fieles, más aún si les sube el bono. Al gobierno NO le interesa que se conviertan en ciudadanos prósperos, independientes, afluentes; se pasarían a la oposición, probablemente, al experimentar en carne propia todas las trabas que sufren los creadores de riqueza en nuestro país.

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Lo que me preocupa es que los cambios de humor del presidente se traducen inmediatamente en políticas de estado y legislación. Él se enardece en la sabatina; su discurso expresado con despecho y sarcasmo se traduce inmediatamente en legislación que se presenta con carácter de urgente a la asamblea. Y muy probablemente se lo apruebe. ¿Ésa es manera de dirigir los destinos de un país?

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Los tecnócratas (burócratas que se creen científicos, según excelente la definición de José Manuel De Oliveira) parecen creer que los ciudadanos son piezas de tablero, que pueden ser movidas de un lado a otro sin chistar. Pero no es así. Aquellos a quienes afectan las decisiones políticas (que se aplican bajo amenazas de prisión y confiscación) siempre buscarán cómo evadirse. Es nuestra naturaleza. Lo hicieron los quiteños de antaño, por una alcabala (IVA) de tan sólo 2%; lo harán ahora.

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Lo que el gobierno no ve, es que sólo puede confiscar para “redistribuir” la riqueza actual; no la futura; y esa riqueza futura es menos probable que se produzca, si uno sabe que será confiscada. Así, la “redistribución” siempre genera pobreza, escasez, desempleo. La “redistribución” NO incentiva la creación de riqueza; la desalienta, y cada vez habrá menos para “redistribuir”.

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Y justifican la “redistribución” porque dizque los ecuatorianos debemos colaborar con el estado. Curioso: creía que era lo contrario, que el estado existía para ayudarnos, servirnos. Resulta que estamos al servicio del estado, no al revés. ¿No suena eso a fascismo?

La Oxy tenía razón...

Un artículo que escribí allá en Octubre del 2007, y que ha recobrado actualidad al negarse el gobierno a asumir su responsabilidad en el caso Oxy.

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He preparado este dossier resumiendo la posición de Oxy respecto al tratamiento que recibió por parte de las autoridades de nuestro país.

No tengo otro interés sino simplemente sacar a la luz argumentos poco publicitados; normalmente sólo hemos sido expuestos a los argumentos del Estado ecuatoriano.  Pero bien vale la pena informarse de ambos puntos de vista antes de llegar a una conclusión, ¿verdad? 

Lo que hemos escuchado es que “la Oxy transfirió sus acciones; eso estaba previsto como causal de caducidad en el contrato, por lo que simplemente se la ha declarado”.  La realidad —cómo no— es más compleja... 

El documento .pdf —la demanda arbitral— puede consultarse directamente desde http://www.oxy.com/PUBLICATIONS/PDF/Request%20for%20Arbitration.pdf (en inglés. Lamentablemente el link ya no está activo).

La base legal que cita el gobierno y que copio a continuación es correcta, pero inaplicable en este caso, pues el supuesto legal (la cesión de acciones) nunca ocurrió.

1.   La ley de hidrocarburos en su art. 74 establece en su numeral 11 como causal de la caducidad de un contrato petrolero, lo siguiente: «[si] traspasare derechos o celebrare contrato o acuerdo privado para la cesión de uno o más de sus derechos, sin la autorización del Ministerio», norma reiterada en el contrato de participación. 

2. La cláusula 16.1 de dicho contrato, señala: «La transferencia de este Contrato de Participación o la cesión a terceros de derechos provenientes del mismo deberán ser autorizadas por el Ministerio del Ramo», salvo pena de caducidad. 

3. Art. 79 de la Ley de Hidrocarburos: «Art. 79.— (Nulidad de la transferencia de contratos y de la cesión de derechos).— La transferencia de un contrato o la cesión a terceros de derechos provenientes de un contrato, serán nulas y no tendrán valor alguno si no precede autorización del Ministerio del Ramo, sin perjuicio de la declaración de caducidad según lo previsto de la presente Ley». 

4. Del reglamento a dicho artículo: «Los derechos y obligaciones derivados de los contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos u otras formas contractuales vigentes en la legislación ecuatoriana, podrán transferirse o cederse, total o parcialmente, a favor de terceros, previa la autorización correspondiente del ministerio del ramo, caso contrario dicha transferencia o cesión serán nulas y dará origen a la declaratoria de caducidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos».

5.  En octubre del 2000, Oxy contrató con AEC (subsidiaria de la canadiense EnCana) la cesión de un 40% del interés económico en su cuota de participación de la producción del bloque 15.  A cambio, AEC haría pagos anuales a Oxy por sus inversiones y cubriría el 40% de sus costos de operación en dicho bloque.

6. En el contrato de transferencia del 40% del interés económico se hizo constancia expresa de que dicha transferencia no constituía ninguna cesión de derechos ú obligaciones respecto al contrato de participación.  La Oxy continuaría con el 100% del título legal del bloque 15, siendo la única responsable sobre la explotación. 

7.  Asimismo, en el contrato Oxy–AEC se estipulaba que recién al cabo de los cuatro años de pagos se transferirían los derechos a AEC, obviamente previa autorización del gobierno ecuatoriano.

8. Antes de  finiquitar dicho contrato, la Oxy se reunió con el Ministro de Energía y Minas para informarle sobre la transacción propuesta, quedando constancia escrita de dicha reunión.  Se reiteró al ministro que la Oxy sería la única entidad contratante legalmente responsable con el estado ecuatoriano respecto al bloque 15, hasta que se terminen los pagos cuatro años después, y el estado apruebe la transacción.  El ministro no hizo objeción alguna. 

9. La Oxy lanza un comunicado de prensa sobre la transacción el 1º de noviembre del 2000.

10. En enero ’01 el ministro de energía escribe a la Oxy confirmando que la futura cesión de derechos o títulos requerirá la autorización del ministerio, y reconoció que mientras tanto, la Oxy era la dueña del 100% de los derechos y obligaciones que surgían del contrato de participación.

11. La Oxy realiza inversiones tanto en el oleoducto de crudos pesados (OCP) como en el bloque 15 a su cargo, totalizando más de mil millones de dólares. 

12. El 11 de julio ’04, tanto Oxy como AEC vencen al Ecuador en sendos arbitrajes internacionales respecto a la devolución del IVA.  El laudo respecto a la Oxy ordena al estado a pagar a Oxy $ 75 millones (compárese con los mil millones de la inversión de Oxy que fueron confiscados, según se argumenta enseguida).

13. En vez de cumplir con el laudo arbitral, el Ecuador demanda su nulidad en las cortes inglesas (ganaría la Oxy, v. infra, n.º 19). 

14. El 15 de julio ’04 AEC termina sus pagos, por lo que Oxy solicita la aprobación ministerial para transferir el título.  No se lo conceden, y más bien el procurador de la nación cita el acuerdo con AEC como violación del contrato e instruye al ministro de energía para que inicie el trámite de declaración de caducidad del contrato de la Oxy y quedarse así con sus bienes sin derecho a compensación alguna; medida vista por la Oxy como simple retaliación por haber vencido al Ecuador en el arbitraje por el IVA.

15. El 8 de septiembre ’04 el ministro de energía acoge el pedido del procurador e instruye al presidente de Petroecuador para que inicie el procedimiento de declaratoria de caducidad.  Oxy responde los cargos que se le imputan, sin recibir respuesta durante casi un año.

16. Luego del cambio de dos ministros de energía y dos presidentes de Petroecuador, los funcionarios en funciones reciben análogas instrucciones del procurador, para que se declare la caducidad, so pena de responsabilidad civil y penal en su contra...

17. Finalmente, el 2 de agosto ’05, el presidente de Petroecuador, sin responder a las pruebas de descargo de la Oxy, simplemente escribe al ministro de energía, solicitándole declare la caducidad reiterando sus argumentos.  El presidente de Petroecuador renuncia a su cargo al día siguiente. 

18. En febrero ’06 la Oxy envía un alegato aún más extenso al ministerio de energía, solicitando se produzcan ciertas pruebas para servirse en su defensa.  No recibió respuesta alguna. 

19. En marzo ’06 las cortes inglesas ratifican el laudo arbitral a favor de la Oxy, lo que aparentemente exacerbó la reacción gubernamental contra la Oxy. 

20. En mayo ’06 el procurador reconoce que nada impide llegar a una transacción con la Oxy para resolver el problema.  Dicho comentario fue criticado ásperamente por legisladores, grupos sociales y la comisión de control cívico de la corrupción.  Se realizaron movilizaciones en las calles y amenazas de juicios políticos. 

21. El 15 de mayo ’06 se notificó a la Oxy de la terminación del contrato por declaratoria de caducidad. 

22. Dos días después, basada en la Convención de Resolución de Disputas sobre Inversión entre Estados y ciudadanos de otros estados, Oxy presenta la demanda arbitral ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes, una institución del Banco Mundial (que no arbitra, simplemente brinda las facilidades para el trabajo de los árbitros que nombren las partes.  Es conocida la animadversión de nuestros gobiernos contra el banco mundial).

Ya ha habido una providencia del centro.  Puede leerse en: http://www.worldbank.org/icsid/cases/pdf/Occidental_Decision_on_Provisional_Measures_August_17_2007.pdf (en inglés).  Básicamente niega el pedido de medidas cautelares de la Oxy, sin pronunciarse sobre la materia sustantiva. 

Mi conclusión personal es que es evidente la confiscación, el espíritu de retaliación y, cómo no, la inseguridad jurídica para las inversiones extranjeras.  Pero juzga por ti mismo.

El liberalismo, práctico y actual

El liberalismo ofrece normas muy prácticas para la vida social. Sus postulados pueden resumirse en dos: uno, respetar la vida, propiedad y libertad ajenas; y dos, cumplir la palabra dada (es decir, no defraudar).

El primero suele llamarse principio de no‒agresión. Consiste en no iniciar el uso de la fuerza o violencia contra la vida, propiedad o libertad ajena. Ojo con “no iniciar”; el uso de la violencia defensivamente, es decir la legítima defensa, es..., bueno, legítima, contra quien ha iniciado la agresión, en defensa de uno mismo o de terceros.

Dos corolarios pueden deducirse directamente del principio de no‒agresión.

Primero, los gobiernos no tienen por qué criminalizar (cosa que, ay, hacen constantemente) actos pacíficos, no agresivos y consensuales entre adultos, pues no constituyen agresión.

Es decir, no debe haber delitos “sin víctima” (lo cual indica acciones que de por sí no son violentas ni injustas, por lo que no tendrían por qué castigarse); el gobierno no debe promover su agenda a través de la agresión a los ciudadanos, como ocurre cuando por ejemplo se quiere “impulsar la producción nacional”, criminalizando el comercio internacional.

El cobro de impuestos bajo la amenaza de violencia —prisión y confiscación—, también infringe el principio de no‒agresión, al atentar contra la propiedad. Peor aún cuando se usan para “orientar el consumo”, tratando de disuadir de forma insidiosa al consumidor de elegir libremente (como en el impuesto a la salida de divisas, o impuestos a consumos especiales), resultando en doble agresión.

El servicio militar obligatorio era una evidente servidumbre que limitaba la libertad personal.

Asimismo, no hemos de reprimir conductas ajenas que no implican necesariamente una agresión contra nosotros, aunque nos desagraden (las diferencias de sexualidad, religión, filiación política, raza, nacionalidad, etc.).

El bullying, como agresión injusta, puede y debe ser enfrentado con fuerza similar. La xenofobia, los prejuicios, o lo que llamamos comúnmente “ser sufridor”, no justifican agresión. El que alguien simplemente “me caiga mal” no justifica (aún) que lo discrimine o maltrate.

Cada cual tiene valores y metas propias y tiene derecho a seguirlas en paz; el principio de no‒agresión facilita la armonía en una sociedad libre, diversa, abierta.