Interviene el gobierno para solucionar un problema: lo empeorará y disminuirá las libertades.
Como los narcotraficantes empleaban el bicarbonato de sodio, de golpe y porrazo se lo prohibió; tal parece que todos éramos sospechosos de narcotráfico. Ahora nadie encuentra un producto tan útil.
Para bajar los índices delincuenciales, derogaron los permisos para portar armas (todos éramos sospechosos nuevamente), garantizando víctimas inermes a la delincuencia.
Ahora para disminuir los robos de celulares, obligan a registrar las líneas (seguimos siendo sospechosos para el poder). Si alguien rehúsa, pues le cancelan la línea. Y si la medida resulta ineficaz (que lo será), el ogro filantrópico simplemente prohibirá el servicio prepago.
Se me ocurre una gran idea: para eliminar las coimas, ¿qué tal si prohibimos el dinero? Para eliminar los accidentes de tránsito, ¡prohibamos los autos!
Los ecuatorianos no parecemos ciudadanos, sino vasallos.
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Finalmente, varios meses después de escrita esta carta, las líneas que no hayan sido registradas no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes de texto.
Siempre discuto con mi primo burócrata si el presidente puede dar “órdenes”. Yo afirmo que, legalmente, no tiene ese poder, sino que su potestad es aplicar la ley.
¿Hay base legal directa (nada de “interpretaciones extensivas” de la “intención del legislador”) que permitan al presidente esas prohibiciones? Yo lo dudo.
Recientemente se prohibió los casinos mediante decreto ejecutivo. Es cierto que en la consulta popular ganó la prohibición por estrecho margen. Pero, ya que la consulta no contenía sanciones, afirmo que se debió dictar una ley que las previera para imponérselas a quienes incumplieran dicha “prohibición”. ¿Qué sanciones legales pueden imponerse actualmente?
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