¡No abandonemos la Convención Americana de Derechos Humanos!

El gobierno critica con razón que EE.UU. no haya suscrito la Convención Americana de DD.HH. pero quiere llevarnos a una situación similar, amenazando con retirar al país del sistema interamericano de DD.HH. (SIDH).

Es el único recurso que le queda a un ciudadano si cree que el gobierno viola sus derechos y no ha obtenido justicia en su país.

¡No podemos quedarnos sin justicia internacional!  Veamos por qué.

No se juega en “cancha inclinada”

 

El equipo local ataca hacia abajo.

Imagínese que usted crea que alguien lo haya estafado. Su derecho ciudadano es llevarlo a las cortes para denunciarlo y que sea obligado a responder.

¡Pero imagínese que su adversario sea quien haya nombrado los jueces!  Y los jefes de los jueces hayan trabajado antes para su adversario.

Difícil creer que esos jueces sean independientes de su adversario.  Usted preferirá litigar en otra corte, donde su adversario no tenga influencia.

Por supuesto que su adversario no querrá litigar donde sabe que no tiene influencia, pues sabe que probablemente pierda el juicio si no tiene razón. 

Usted contra el estado, de igual a igual

 

De igual a igual, claro...

Hoy en día cualquier ciudadano del continente americano, con la excepción de Venezuela y EE.UU., puede demandar a sus gobiernos ante la corte interamericana de derechos humanos.

¡Sí!  Usted y yo podemos demandar al gobierno, si creemos que 1) el gobierno ha atacado injustamente nuestros derechos humanos, y 2) los jueces en nuestro país no han hecho justicia adecuadamente.

Mucha gente se admira de eso, de que un ciudadano “de a pie” pueda acusar al gobierno, tan grande y poderoso, y obligarlo a reparar daños causados.  Pues sí, puede hacerse; toma mucho tiempo y es costoso ―implica litigar en el extranjero― pero ha funcionado en varias ocasiones.

Es lo que diferencia a nuestras repúblicas de los reinos de antaño, donde el rey hacía lo que le daba la gana y nadie podía hacer nada.  Se supone que hoy los presidentes y demás funcionarios públicos deben obedecer la ley y respetar a sus “jefes”, que son los ciudadanos.  Y si no, deben pagar por ello.  

En las cortes internacionales el gobierno ―tan poderoso localmente― es tan débil como un individuo.   Y lo que en el país impresiona y aterra, en el exterior es visto con desdén y “alipori” (“vergüenza ajena”).  Allá no son temidos y acaso ni respetados, si se demuestra sus abusos. 

A los malos no les gusta ser juzgados

 

“No, no me gusta”

Por supuesto que eso no les hace ninguna gracia a los gobiernos autoritarios, que ven así limitado su poder.

Lamentablemente al gobierno de los EE.UU. ―país que fue la cuna de las ideas de libertad― no le interesa responder de tanto abuso que comete dentro y fuera de sus fronteras. El estado federal de EE.UU. se está convirtiendo en un estado policial y es una tragedia que sus ciudadanos no puedan hacer nada por evitarlo.  Por eso no ha firmado la convención americana de DD.HH., pese a que es la sede de la corte de DD.HH. de la OEA.

Hoy en día basta que el gobierno federal de EE.UU. declare, con razón o sin ella, que alguien es “terrorista” ―aún ciudadanos americanos dentro del territorio estadounidense― para que puedan mantenerlo preso indefinidamente sin juicio, sin abogado, incomunicado, etc.  Es un secuestro estatal, ni más ni menos. Para no mencionar la tortura a la que son sometidos.

Son abusos y es inconstitucional, pero ¿quién podrá impedírselo al gobierno más poderoso del mundo?

El expresidente Chávez recibió varias acusaciones en las cortes de la OEA por atentar contra los derechos humanos de los venezolanos, e incluso recibió condenas en contra.  Es decir, las cortes de la OEA afirmaban que era cierto que el gobierno de Chávez actuó injustamente contra algunos ciudadanos, y debía indemnizarlos.  

Pero Chávez, en vez de eso, decidió retirar a Venezuela de la Convención Americana de DD.HH. porque la Corte interamericana de DD.HH. supuestamente apoyaba el terrorismo, obedecía las consignas de “el imperio” (los EE.UU.), perseguía a los gobiernos progresistas, etc.

Vamos, chico, ¿a quién le gusta que lo juzguen?

Me pregunto si no es ése el sueño de todo acusado: decidir si lo juzgan o no; decidir si responde por todos sus actos, o no.   ¡Todo acusado de crímenes elegirá no ir nunca a juicio!  Pero eso equivale a dejar la puerta abierta a la impunidad.  

Los ciudadanos de EE.UU. o Venezuela están desprotegidos de eventuales abusos del poder.  Si un ciudadano venezolano cree que los jueces no condenaron a su gobierno por miedo, salado: no puede apelar a la CIDH. 

“Pero mi político es bueno”

 

Este simpático ancianito…

...y su sonriente amigo…

...son responsables de esto.

Pol Pot y el “Camarada Duch”.

Y eso que tuvieron “buenas intenciones”.

Si alguien cree que su gobierno es “bueno”, y que “sería incapaz de abusar de su poder”, pues déjeme decirle que es un ingenuo: TODA la historia de la humanidad recoge los constantes abusos de los poderosos, en todas las épocas.  Las formas de gobierno han evolucionado con la meta de evitar los abusos de los poderosos.

SIEMPRE habrá abusos y errores.  Los funcionarios son seres humanos, no ángeles, y deben responder por sus actos como todo ciudadano.  

Un presidente puede ser corrupto, rencoroso, prepotente, etc..  Puede ser mediocre, ignorante, hasta medio tonto.  Es probable que sea incluso un psicópata inescrupuloso dispuesto a todo.  

Añádale a esto un enorme poder, miles de millones de dólares a su disposición, una legión de funcionarios y ejércitos de soldados armados obedientes, miles de votantes fanatizados dispuestos a justificar todo su proceder…  Es la receta para el abuso, con mala intención o por simple incompetencia.

Los jueces que deben controlar a ese presidente y corregir sus abusos, pueden ser corruptos; pueden ser cobardes; pueden ser ignorantes; pueden tener “rabo de paja” (es decir, haber cometido delitos y estar impunes) y ser extorsionados fácilmente por el gobierno.  

Un presidente muy poderoso puede llegar a controlar las cortes de justicia y ganar la mayoría de los juicios, con razón o sin ella.  

De ahí que se haya creado tratados de derechos humanos y cortes de justicia internacionales, donde se supone que los gobiernos no pueden influir. 

“No, mi político sería incapaz de hacer eso”

 

Mi cara, cada vez que escucho eso

Bueno, entonces que litigue y gane los juicios en cortes internacionales.

El acusado no debe decidir si lo juzgan o no, o quién.  TODO funcionario público debe poder ser juzgado por los ciudadanos ante jueces imparciales; si no en el país, fuera de él.  

Imagínese que le toca a usted enfrentarse al gobierno.  Ante los recursos económicos y humanos ilimitados del poder, usted acaso sólo tenga “el poder de tener razón”.  Buena suerte tratando de ganar un juicio local contra ese adversario.  

“El pueblo no permitiría esos abusos”

 

“Tenemos derecho a elegir y ser elegidos”.

El poder debe ser visto con desconfianza.  Fácilmente puede usar sus enormes recursos para modificar la voluntad popular con propaganda y lograr que el pueblo apoye malas leyes que le dan al gobierno muchas más ventajas.  

El pueblo es venal y se hace de la vista gorda de los abusos, “mientras haya obra”.

Frente a la influencia de la política la gente se vuelve psicópata e indiferente al sufrimiento ajeno.  Pensarán: “él se lo buscó”, “quién lo manda a ser tan grosero, debe respetar a la autoridad”, “no puedo opinar, o perdería el cargo público, y mis hijos tienen que comer”, o al menos “lástima, pero menos mal que no es a mí”, y seguirán indiferentes.

Poniendo ejemplos extremos, el pueblo alemán, tan culto y educado, no impidió el ascenso de Hitler.  En EE.UU., la cuna de la libertad moderna, el pueblo por más de cuatro generaciones ve impasible cómo su gobierno se vuelve más y más tiránico.  

“Pero están creando una corte en la CELAC”

 

"¿Eres, o te haces?"

Imagínese que usted acusa a alguien.  Ahora imagínese que el acusado puede elegir el juez que llevará el caso: A, a quien no conoce; B, que es su compadre; C, a quien el acusado ayudó a conseguir el puesto de juez.  

¿Sinceramente cree que el acusado elegirá al juez A?  Claro que no, elegirá a su compadre o al juez que le debe un favor.

Imagínese que usted acusa a otro.  Pues ese “otro” no va a ir a las cortes comunes; va a crear una corte especial para que juzguen las acusaciones contra él.  Suena ridículo, ¿verdad?  Esos jueces no serán independientes.

Los países que tienen más acusaciones contra los derechos humanos están promoviendo crear una corte en la CELAC, y salir de la OEA, como hizo Chávez.   

Eso no despierta confianza.  Como dijimos, ése es el sueño de todo acusado: elegir si lo juzgan o no, o elegir quién lo va a juzgar.

O, ¡peor aún!, imagínese que usted declara que va a acusar a alguien, y ese “alguien” puede cambiar la ley que castiga los actos por las que Ud. lo va a acusar…  ¡Buena suerte en ese juicio!

¿Tonterías?  ¿Exagero?  TODO eso ha sucedido y viene sucediendo en nuestros países.  

De ahí que normalmente sea difícil litigar contra los gobiernos.

Jugar en cancha inclinada, parte II

¿Está mejor ahora?

Imagínese que usted no está de acuerdo con algo que hace el gobierno, y escribe sobre ello, y habla en público sobre su inconformidad.  El gobierno lo etiqueta a usted como “opositor”.  

Pues imagine que al gobierno se le ocurre acusarlo a usted de algún delito.  “Casualidad”, ¿verdad?  Veamos cómo está trazada la cancha:

¿Tiene usted millones de dólares de presupuesto para litigar?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Tiene usted miles de dóciles y obedientes empleados a su disposición?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Tiene usted un ejército de policías armados hasta los dientes listos para apresar a su contendor, apenas les llegue la orden?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Tiene usted un presupuesto de millones de dólares para hacer publicidad en influir en la opinión pública?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Tiene usted una red de medios de comunicación a su servicio?  Probablemente no.   Pues el gobierno sí.

¿Tiene usted una numerosa bancada de legisladores dispuestos a aprobar sus leyes?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Tiene usted muchos ex-empleados, familiares y ex-abogados entre los nuevos jueces y fiscales, que usted ayudó a colocar ahí?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Puede usted elegir “salirse” de la competencia de los jueces, así como Chávez sacó a su gobierno de la OEA?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Puede usted impulsar la creación de “nuevas cortes” para que lo juzguen a usted y su caso?  No.  Pues el gobierno sí.

¿Se da cuenta que hay una “asímetría” o desequilibrio entre las dos partes procesales, Ud. y el gobierno?  

¿Se da cuenta que Ud. lleva las de perder?  

¿No cree que es bueno que haya una corte internacional en la que el gobierno pueda ser juzgado “como un ciudadano más”?

Por eso, ciudadano lector, no apoye la iniciativa del gobierno de retirarnos de la Corte de la OEA.  

Imagine si fuera Ud. quien recibiera ataques del gobierno y creyera que los jueces no lo defienden a usted, sino al gobierno.  Si el gobierno tiene la razón, debe poder probarlo, y ganar los juicios.  

“Ah, es que la corte de la OEA está dominada por los gringos, que hacen que no sea imparcial”, se quejaba Chávez y se quejan los gobiernos “progresistas”.   

Pues es la queja que tienen todos quienes desconfían de las cortes nacionales al litigar contra el gobierno: que los jueces están intimidados o inclinados a darle la razón al gobierno, aunque no la tenga.  

 

“¿Qué estás insinuando?”

Sin embargo, esos opositores no pueden hacer nada por “salirse” de la competencia de una justicia que creen parcializada, o crear su propia “corte”.  El gobierno sí puede; y tiene muchas otras herramientas para ganar los juicios.  No nos privemos de la única que nos queda. 

“Si nos sacan de la OEA, ¿qué nos queda?”

 

No, eso no. Ya sabemos cómo termina (todos muertos)

La alternativa para una hipotética víctima sería la Corte Penal Internacional de La Haya.

En la corte de la OEA, un ciudadano que cree que el gobierno ha atacado sus derechos, acusa al estado, y no al presidente Juan Pérez.

El presidente y su procurador general (el abogado del estado) se defienden, no en su propio nombre, sino a nombre del estado.  

Si el estado pierde el juicio y es condenado a indemnizar, el dinero no sale de los bolsillos de los funcionarios (que tal vez no sean ya los mismos que hicieron la agresión), sino del presupuesto del estado.

Supuestamente el nuevo gobierno podría “cobrar” la indemnización a los antiguos funcionarios, y sancionarlos a su vez.  Sin embargo, nunca se ha hecho, hasta donde tengo noticias.  

Sin embargo, en la Corte Penal Internacional no se acusa al estado, sino a funcionarios con nombre y apellido, de crímenes contra la humanidad.

Es algo mucho más serio, ¿no?

Es más difícil litigar ahí, no sólo por la distancia y las barreras del idioma (está en Europa y los lenguajes oficiales son inglés y francés) sino también porque quien acusa es el fiscal de la corte.  

Cualquier persona puede hacerle llegar al fiscal noticias de abusos, y él decidirá si acusa o no.  No debe ser por actos de abuso aislados, sino por actos repetidos, que demuestren una intención de persecución.

Por ejemplo se ha acusado a numerosos presidentes africanos, al sirio Bashar Al-Assad, entre otros.

El crimen de lesa humanidad incluye la «persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional».  

¿Por qué llegar a un juicio en una corte mundial?  

¿Por qué hay gente en nuestros países que cree que sus derechos han sido vulnerados?

Que los gobiernos hagan obras, que cumplan la ley, que cuiden los recursos públicos.  Así su memoria será grata y reconocidos con respeto en su ocaso político.

Si aguantó leer hasta el final, desahóguese comentando.  Se lo merece.