Salir del subdesarrollo, en sólo dos generaciones

Singapur y Kenia se independizaron de los británicos al mismo tiempo (1955 y 1957). En esa época, ambos países eran pobres y tenían el mismo PIB. Singapur además había sido invadida por los japoneses durante la segunda guerra mundial.

Cincuenta años después, Singapur tiene el tercer PIB per cápita mundial, mientras que Kenia está en el puesto 150. Una de cada seis familias en Singapur tiene más de un millón de dólares en el banco; en Kenia más de la mitad de la población vive con menos de un dólar al día. ¿A qué se debe una diferencia tan abismal

Singapur es otro ejemplo más que un país puede pasar del tercer al primer mundo en tan sólo dos generaciones. La receta, en dos palabras: libertad económica; es decir: no hay salario mínimo (generando pleno empleo), impuestos muy bajos, extrema facilidad para hacer negocios, excelente sistema judicial, uno de los países menos corruptos del planeta, gasto público pequeño en relación al PIB.

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Nuestras recetas "desarrollistas" de hace cincuenta años (sustitución de importaciones, "protección a la industria nacional", llenar de regulaciones y trabas al comercio, etc., el mercantilismo usual) NO nos han dado los resultados que esperábamos. ¿Por qué seguimos aplicándolas, entonces?

No hay vía penal para funcionarios

El presidente y los funcionarios públicos tienen, como todo ciudadano, derecho a la honra y el buen nombre.

Sin embargo, parece que no tienen abierta la vía judicial penal para defender esos derechos.

La Declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que «Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato”, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información».

Para bien o para mal, el pacto de San José considera que las leyes que penalizan el desacato atentan contra los derechos humanos; entonces tales artículos del código penal (230, 493) han de considerarse inconstitucionales y, por lo tanto, inaplicables.

Quienes aspiren a ser elegidos o designados funcionarios, deberán sopesar si los beneficios del ejercicio del poder compensan el verse privado de la vindicta.

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Es un derecho y deber cívico de los ciudadanos, analizar libremente si las actuaciones de los funcionarios públicos se apegan a las leyes, o si se encuadran en los tipos penales.

Para evitar represalias de los poderosos, este principio internacional de derechos humanos protege adicionalmente la libertad de expresión, un derecho más valioso socialmente que la honra de los funcionarios.

La jubilación a los 65, ¿un mero ensueño?

Desde que en 1935 Roosevelt fijó la jubilación a los 65 años, esa edad se ha convertido en la esperanza de quienes desean al fin descansar, cosechando los frutos de una vida de trabajo.

Pero en 1935 la esperanza de vida era de tan sólo 60 años: la mayoría de trabajadores moriría antes de poder jubilarse. El sistema se había diseñado suponiendo que la mayoría de los afiliados no demandaría la jubilación.

En el Ecuador de hoy, con una esperanza de vida de más de 73 años, de acuerdo con el plan original de Roosevelt la jubilación sería ¡casi a los 80 años!

Los problemas actuariales del IESS se parecen a los de una lotería en la que la mayoría de concursantes empiezan a ganar los premios.

Durante toda la historia, el destino del hombre ha sido trabajar “hasta que el cuerpo aguante” para arrancarle a la naturaleza su sustento. Ese sueño moderno de vivir la vejez sin trabajar, aparte de una anomalía histórica, tal vez sea una expectativa poco realista.

Somos una sociedad de criminales

Nos indignamos, con razón, cuando los delincuentes se apropian de los bienes de una familia, adquiridos con tanto esfuerzo.

También cuando un traficante de tierras, amo y señor de "su" cooperativa, bajo amenazas extorsiona a los vecinos y exige dinero y servicios, para destinarlos a los usos que crea "convenientes".

Otros, sin embargo, usan el gobierno para apoderarse de la propiedad ajena, y lamentablemente no son objeto de censura categórica, pues lo hacen bajo un velo de legalidad.

Ambos usan la amenaza de violencia física para apoderarse del fruto del trabajo ajeno: abiertamente, los delincuentes comunes; veladamente, aquellos que se apropian de lo ajeno desde el poder político.

Si votamos por ellos, y apoyamos con entusiasmo sus "políticas redistributivas", con la esperanza de beneficiarnos de las migajas que resultan de despojar injustamente al prójimo, ¿podemos concluir que somos una sociedad de criminales?

Siempre hay oportunidades, para el que las busca

Adam Shepard, graduado universitario, decidió probar si Estados Unidos aún era la tierra de las oportunidades. Así que se convertió en “inmigrante”: viajaría a una ciudad desconocida (elegida al azar) de otro estado, sólo con la ropa que tenía puesta, una bolsa de dormir y $25 (equivalente a tres horas de trabajo de salario mínimo).

Su meta a un año era tener un lugar dónde vivir, un carro y $2500. Se propuso no mendigar, ni usar sus contactos ni su profesión para ganarse la vida.

Diez meses más tarde decidió terminar el experimento, por la enfermedad de un familiar; sin embargo para entonces ya había cumplido sus metas y ahorrado casi $5000.

En nuestro país, más de un millón de ecuatorianos reciben gratis mensualmente del gobierno, desde hace varios años, el equivalente a más de 23 horas de trabajo de salario mínimo.

Ese dinero, costeado con nuestros impuestos, ¿les ayuda a superarse, o más bien los incentiva al desempleo y dependencia?

El derecho humano esencial a ganarse la vida

Durante la colonia los súbditos tenían que pedir permiso al rey para importar, exportar, abrir un negocio, vender libros, migrar. El rey, por medio del burocrático Consejo de Indias, lo concedía o negaba, según sus intereses; por ejemplo, negando la circulación de libros que contenían ideas antimonárquicas, o la comercialización de productos que eran monopolio estatal.

Doscientos años después, los súbditos aún debemos pedir permiso al gobierno para algo tan sencillo como traer celulares para vender, permiso que será probablemente negado, según los intereses de la "autoridad" (debería ser "servidor público").

Estas medidas que limitan la libertad económica de los ciudadanos, son perjudiciales pues atentan contra un derecho humano básico: el de ganarse la vida; derecho primordial que permite el goce de otros como la vida, salud, educación, etc.

Qué lástima que en el país sea más fácil ser una carga para los demás, recibiendo un subsidio, que ganarse la vida productivamente.

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Rara vez se escucha a los defensores de los DD.HH. mencionar el derecho a ganarse la vida, a no ser una carga para los demás. ¡Y es tan importante! Ese derecho es condición para el goce de tantos otros: la misma vida, alimentación, educación, etc. No puede haber verdadera libertad, si para comer dependo de la beneficencia pública.

Por lo tanto, la libertad económica debería ser el primer derecho defendido.

Generalmente los gobiernos limitan las importaciones por el desequilibrio de la balanza de pagos. Aparte que eso de “equilibrar la balanza comercial” es una falacia (por ejemplo, mi “balanza comercial” personal está totalmente desequilibrada: le compro todo al supermercado, y yo nunca le vendo nada), ésa es la solución fácil para el gobierno, cuando lo que debería hacer es limitar el gasto público innecesario y evitar entorpecer la actividad económica.

Salvataje bananero, como el bancario

El gobierno, con razón, ha sido uno de los más vocales críticos del salvataje bancario: con dinero del pueblo, se pagaban las deudas de los banqueros.

Ahora el gobierno va a realizar un “salvataje bananero”. Va a usar el dinero de los impuestos que pagan los pobres, para evitar que los ricos bananeros sufran pérdidas.

El gobierno va a comprar millón y medio de cajas de banano. Algo así como una caja por cada dos familias ecuatorianas. Pero no, no vamos a recibir banano; se lo van a regalar a los ricos ganaderos, para forraje.

Cada empresario debe asumir, como adulto, los resultados de su inversión. Si el bananero plantó demasiada fruta, y no la puede vender con ganancia, debe asumir su pérdida. Él, no nosotros.

En el socialismo los pobres no subsidian a los ricos; en el libre mercado tampoco. Ese contubernio del gobierno con ciertos empresarios, empleando recursos públicos para beneficiar los negocios de algunos, es del todo censurable.

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Subsidiar a hombres de negocios, no es propio del libre mercado, ni tampoco del socialismo, supongo. Eso es propio del mercantilismo, llamado también a veces “capitalismo de estado”, en inglés crony capitalism, algo así como “capitalismo de amigazos” (los hombres de negocios que tienen “contactos” y amigos en el gobierno, que los usan para su beneficio personal a costa de la sociedad).

En su versión más radical, algunos también lo identifican con el sistema económico propio del fascismo. 

Cincinato, ejemplo de republicano

Cincinato fue un antiguo cónsul romano quien, caído en desgracia, empezó a labrar con sus manos la tierra para mantener a su familia (gran diferencia con los políticos actuales).

Ya retirado, mientras labraba su campo le informaron que el senado lo había nombrado dictador por seis meses para que dirija al ejército contra los eucos, que iban a atacar Roma.

Al instante dejó el arado y acompañó a los emisarios para cumplir su obligación cívica.

Cincinato asumió el mando supremo, organizó el ejército y enfrentó y derrotó a sus enemigos; rescató a los prisioneros; devolvió los poderes al senado, y volvió a trabajar a su granja. Todo, en dieciséis días.

En esta época de emergencias que duran varias veces más de lo que permite la constitución; de asambleas constituyentes que incumplen el mandato popular; de consultas para pedir aún más poder, recordemos a Cincinato, ejemplo de muchas virtudes cívicas y republicanas.

La herramienta más útil del gobierno: prohibir

Interviene el gobierno para solucionar un problema: lo empeorará y disminuirá las libertades.

Como los narcotraficantes empleaban el bicarbonato de sodio, de golpe y porrazo se lo prohibió; tal parece que todos éramos sospechosos de narcotráfico. Ahora nadie encuentra un producto tan útil.

Para bajar los índices delincuenciales, derogaron los permisos para portar armas (todos éramos sospechosos nuevamente), garantizando víctimas inermes a la delincuencia.

Ahora para disminuir los robos de celulares, obligan a registrar las líneas (seguimos siendo sospechosos para el poder). Si alguien rehúsa, pues le cancelan la línea. Y si la medida resulta ineficaz (que lo será), el ogro filantrópico simplemente prohibirá el servicio prepago.

Se me ocurre una gran idea: para eliminar las coimas, ¿qué tal si prohibimos el dinero? Para eliminar los accidentes de tránsito, ¡prohibamos los autos!

Los ecuatorianos no parecemos ciudadanos, sino vasallos.

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Finalmente, varios meses después de escrita esta carta, las líneas que no hayan sido registradas no podrán realizar llamadas ni enviar mensajes de texto.

Siempre discuto con mi primo burócrata si el presidente puede dar “órdenes”. Yo afirmo que, legalmente, no tiene ese poder, sino que su potestad es aplicar la ley.

¿Hay base legal directa (nada de “interpretaciones extensivas” de la “intención del legislador”) que permitan al presidente esas prohibiciones? Yo lo dudo.

Recientemente se prohibió los casinos mediante decreto ejecutivo. Es cierto que en la consulta popular ganó la prohibición por estrecho margen. Pero, ya que la consulta no contenía sanciones, afirmo que se debió dictar una ley que las previera para imponérselas a quienes incumplieran dicha “prohibición”. ¿Qué sanciones legales pueden imponerse actualmente?

Ecuador podría vender futuros de petróleo

El presidente ha mencionado su interés por asegurar el precio del petróleo, contratando con una aseguradora internacional.

Tal vez sería más conveniente que el país venda contratos de futuros de petróleo, en las bolsas de Chicago. Por cada contrato, el país se compromete a entregar mil barriles de crudo (Brent o Texas), recibiendo a cambio por adelantado el precio actual. Así, el país asegura el precio, renunciando a cambio a cualquier apreciación futura del crudo. Las comisiones son ínfimas, $3 por cada contrato aproximadamente.

Los contratos de futuro los usan, por ejemplo, las compañías refinadoras, que desean asegurar un precio estable de sus materias primas; y los productores, que desean garantizarse una rentabilidad mínima.

Como el crudo ecuatoriano es más pesado que el Brent o Texas, el país podría vender los contratos de futuro antes que venzan, para no tener que entregar el crudo; simplemente debiendo entregar o recibir la diferencia de precio.

El único empresario que castiga a sus mejores clientes: el gobierno

Debido a la sequía, disminuyó la producción eléctrica, monopolio estatal en Ecuador.

En vez de preguntarse cómo aumentar la producción, a los geniales tecnoburócratas del gobierno más bien se les ocurrió “castigar el consumo excesivo”, proponiendo triplicarles el precio del kw/h. De ahí la siguiente carta:

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Las empresas inteligentes tratan bien a sus clientes: los reciben con una sonrisa, les otorgan descuentos si compran en volumen. Toda compañía se alegra si la demanda de sus productos aumenta, pues significa más ingresos.

En cambio, para las eléctricas del gobierno, sus mejores clientes son “irresponsables, derrochadores, abusivos”, y los ¡castiga!, elevándoles el precio ¡hasta cuatro veces! si "compran mucho" los productos que ofrece monopólicamente.

Si las empresas trataran a sus clientes como el gobierno trata a sus siervos, perdón, ciudadanos, los perderían. Pero como son monopolios públicos, los consumidores debemos resignarnos a la escasez, al mal servicio, a los apagones, y al maltrato verbal por parte de los “servidores públicos”.

No debe haber delito, si no hay víctima

Respecto a la propuesta gubernamental que se configure como infracción penal que el empleador no afilie al seguro social al trabajador:

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Uno de los hitos que marcan el ingreso a la mayoría de edad, es ser capaz de velar por sus propios asuntos.

El trabajador se compromete a ejecutar la actividad pactada, y el empleador a pagarle el monto convenido. He ahí las obligaciones de parte y parte. El trabajador sabrá qué hace con su sueldo.

Algunos trabajadores reciben el almuerzo en sus empresas, pero la mayoría lo compra con su propio sueldo. Configurar como infracción penal que una empresa no dé almuerzos, sonaría traído de los cabellos.

Ya que es interés del trabajador contar con un seguro social, debería considerarse obligación de él mismo contratarlo, no de la empresa donde trabaja.

Obligada la empresa por ley, contra su voluntad, a velar por mis asuntos, no debería sorprenderme que los descuide y me perjudique. ¡Nadie cuida mejor mis intereses, que yo mismo!

Que nuestros asuntos estén en manos de los demás, es reducirnos a seudo-adolescentes que necesitan “tutela”; es una perjudicial reducción de la libertad.

¿Gobierno socialista? Qué va

El gobierno actual puede ser clasificado como mercantilista y populista.

Mercantilista: hay empresa privada, controlada por el gobierno; éste es el “gran planificador” y establece las “políticas de desarrollo”; apoya ciertas industrias, y a otras no; quiere aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, y evitar que “salgan los capitales”; afirma que la ganancia de unos, es pérdida de otros; promueve la sustitución de importaciones, y cree en la teoría de la dependencia. (Por supuesto, cada una de estas creencias son falaces)

"Populismo": designa «corrientes caracterizadas por su aversión discursiva o real a las élites económicas e intelectuales, su rechazo de los partidos tradicionales, su denuncia de la corrupción política por parte de las clases privilegiadas y su constante apelación al pueblo como fuente del poder. Los personajes populistas se caracterizan porque afirman enfocarse en el pueblo y velar por éste» (Wikipedia).

Mercantilismo + populismo, la misma fórmula que ha existido siempre en el Ecuador.

Nuestros antepasados se avergonzarían de nosotros

Nada qué hacer: los ciudadanos de antes eran de otra estofa.

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Los valientes quiteños de la colonia se rebelaron contra la corona, cuando les impuso la alcabala, que era como un IVA.

Por tan sólo el dos por ciento de las transacciones mercantiles, el cabildo quiteño luchó con denuedo, y fueron reprimidos cruelmente. Sin juicio alguno, los españoles ahorcaron y decapitaron a los caudillos de la revolución, exponiendo sus cabezas en la plaza grande.

Ahora los quiteños empresarios no sólo pagan una “alcabala” (IVA) de seis veces más que sus antepasados; también deben desprenderse de la cuarta parte de sus ganancias como impuesto a la renta, y renunciar a un quince por ciento adicional para repartirlo entre quienes no han invertido un centavo en el negocio... El empresario quiteño trabaja de enero a mayo sólo para pagar impuestos y repartir utilidades.

¿Qué habrían hecho nuestros antepasados contra una alcabala del 12% y regalar las ganancias de cinco meses?

El derecho a la defensa incluye el portar armas

An armed society, is a polite society. Manners are good when one may have to back up his acts with his life. ~Heinlein.

«Una sociedad armada, es una sociedad cortés. Los modales son buenos, cuando uno tal vez tiene que respaldar sus actos con la vida». 

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Thomas Jefferson advertía: «Las leyes que prohíben el porte de armas, desarman sólo a aquellos que no están inclinados a cometer crímenes. Dichas leyes empeoran la situación del asaltado, y mejoran la de los asaltantes. Sirven para animar, en vez de disuadir, los homicidios; ya que un hombre desarmado puede ser atacado con más seguridad que un hombre armado».

Benjamin Franklin: «aquellos que convierten sus espadas en arados, usualmente terminan arando para aquellos quienes conservaron sus espadas intactas».

Ghandi: «Entre los múltiples agravios infligidos a los indios por los británicos, la historia juzgará como el peor de todos a la ley que priva a toda una nación de sus armas».

El Dalai Lama: «Si alguien tiene un arma, y está tratando de matarte, sería razonable repelerlo con tu propia arma. No a la cabeza, donde una herida sería fatal, pero sí a otra parte del cuerpo, como la pierna».

Gente más sabia que los “bienpensantes” del gobierno defendían el derecho a portar armas.